Invertir en salud y educación es clave para una economía más competitiva y productiva

Reflexiona sobre tendencias económicas, políticas sociales e innovación como claves para el logro de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030

                                                                                  Jefrey Lizardo

Jefrey Lizardo, economista especializado en bioética y políticas públicas, se ha consolidado como un referente en el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Su experiencia como académico, consultor internacional y funcionario lo posiciona para abordar los retos hacia el 2025 con una visión estratégica.

Durante la entrevista, Lizardo enfatizó que el crecimiento económico del país requiere fortalecer la coordinación entre políticas económicas y sociales. Destacó las medidas del Banco Central, como la reducción del encaje legal y las tasas de interés, como pasos claves para dinamizar sectores estratégicos como la construcción y las pequeñas empresas.

Lizardo resaltó la necesidad urgente de incrementar gradualmente el presupuesto en salud hasta el 4.5% del PIB, subrayando la relación entre una población saludable y una economía más competitiva. También llamó a implementar programas masivos de capacitación técnica para aprovechar el potencial de la fuerza laboral joven, alineado con las oportunidades del nearshoring.

Con un enfoque en la justicia social, Lizardo afirmó que garantizar el acceso universal a servicios básicos y reducir desigualdades son condiciones esenciales para un desarrollo inclusivo.

  

Basado en su experiencia previa en la seguridad social como investigador, ¿qué recomendaciones haría para fortalecer la integración entre las políticas económicas y sociales y el sistema de salud dominicano?

 

Uno de los desafíos pendientes durante décadas en el país ha sido la insuficiente asignación de recursos públicos al sector salud. El presupuesto destinado a este sector solo superó el 2% del PIB durante el año de la pandemia de COVID-19, a pesar de que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece metas claras al respecto. Para el año 2025, el presupuesto del sector salud debería alcanzar aproximadamente el 4.5% del PIB.

Mientras se debate la reforma fiscal, es fundamental generar espacio fiscal que permita un aumento gradual en la asignación de recursos públicos destinados a la salud. Las evidencias demuestran claramente la estrecha interrelación entre salud y economía. Una población saludable no solo mejora la productividad de los trabajadores y trabajadoras, sino que también impulsa la competitividad y la innovación en todos los sectores.

Además, invertir en servicios de promoción de estilos de vida saludables y en la prevención de enfermedades tiene un impacto positivo a mediano plazo, reduciendo los costos asociados a enfermedades catastróficas. Asimismo, garantizar la protección financiera de los hogares frente a los gastos en salud contribuye significativamente a la reducción de la pobreza, lo que, a su vez, genera un impacto positivo en la economía nacional y, sobre todo, en el bienestar de la población.

Como académico y experto en bioética, ¿qué consideraciones éticas deberían guiar las políticas de desarrollo económico y social en la República Dominicana?

 

La justicia social es un imperativo ético y, por tanto, un objetivo central del desarrollo sostenible. Garantizar la inclusión social y reducir los niveles de desigualdad de ingresos en la sociedad requiere proteger a los grupos más vulnerables, como las personas envejecientes, niños y niñas, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar en situación de pobreza, entre otros. Abordar la desigualdad de ingresos implica implementar políticas focalizadas para atender a los segmentos más vulnerables de la sociedad, junto con políticas universales que aseguren una vida digna mediante el acceso a salud, educación, vivienda y servicios básicos, incluyendo los digitales.

Desde su actual posición como investigador, ¿cuáles considera que son los principales retos y oportunidades para la economía dominicana en 2025?

 

El país enfrenta importantes desafíos vinculados tanto al contexto internacional como al ámbito local. A nivel global, los cambios geopolíticos están teniendo un impacto creciente en la República Dominicana, mientras que los choques climáticos y la crisis ambiental representan retos cada vez más significativos que exigen atención prioritaria.

En el ámbito nacional, la sostenibilidad fiscal representa un desafío clave para garantizar la estabilidad económica y la capacidad de respuesta del Estado. No obstante, el país cuenta con grandes oportunidades. Su ubicación estratégica lo posiciona como un actor destacado para aprovechar las ventajas del nearshoring. Además, su estabilidad política y su elevado crecimiento económico, en comparación con el resto de la región, refuerzan su atractivo como destino para la inversión.

Con una población relativamente joven, la República Dominicana tiene un gran potencial para capitalizar en su fuerza laboral, especialmente a través de la mejora de la capacitación y el desarrollo de habilidades técnicas y vocacionales mediante programas educativos masivos. Sin embargo, es necesario profundizar en reformas clave que permitan fortalecer la institucionalidad en todos los niveles, asegurando un marco más sólido para el desarrollo sostenible y la competitividad del país.

¿Qué lecciones aprendidas de su gestión como Viceministro podrían ser útiles para fortalecer la planificación económica y social del país?

 

El país necesita contar con una visión clara y compartida de su futuro. En el caso de la República Dominicana, esta visión está definida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030). Es fundamental que como sociedad nos apropiemos de esta estrategia, asumiendo sus objetivos como propios y reflexionando tanto sobre los avances logrados como sobre los retos pendientes. Asimismo, debemos integrar las nuevas tendencias globales que impactan al país, considerando cómo estas pueden contribuir a los objetivos nacionales.

Es crucial analizar el rol que deben desempeñar los distintos actores: el gobierno central, los gobiernos locales, el sector privado, las organizaciones sociales y la cooperación internacional, para avanzar de manera conjunta hacia las metas planteadas.

La END 2030 se encuentra alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también proyectados al año 2030. Para garantizar su cumplimiento, es esencial seguir vinculando la planificación de mediano plazo y la operativa anual con estas metas de largo plazo. Esto requiere continuar fortaleciendo los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación, como el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los diferentes planes sectoriales y territoriales.

Todos estos instrumentos deben estar interconectados, asegurando que cada uno contribuya de manera efectiva a las metas establecidas en la END 2030, promoviendo una gestión articulada y enfocada en el desarrollo sostenible del país.

Además, contar con un sistema sólido de monitoreo y evaluación es fundamental para medir los avances, identificar áreas de mejora y realizar ajustes necesarios durante la implementación, garantizando así el cumplimiento de los objetivos y una gestión más eficiente en beneficio de la población.

¿Qué recomendaciones haría para mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones gubernamentales involucradas en el desarrollo económico y social del país?

 

En el sector público no hay una tradición de trabajo coordinado y colaborativo entre instituciones hacia objetivos comunes, por lo que la articulación interinstitucional es uno de los grandes desafíos en la implementación de las políticas públicas. Esto se da a pesar de que, es precisamente mediante la articulación y el trabajo conjunto que se puede generar valor público y lograr un impacto sostenible en la calidad de vida de la población.

La articulación permite generar sinergias poderosas en las diferentes intervenciones públicas orientadas a resolver un mismo problema, porque las soluciones en su gran mayoría no son responsabilidad exclusiva de un solo actor.

Para avanzar en este sentido, se deben tomar en cuenta varios aspectos fundamentales. Primero, trabajar incansablemente para fortalecer la cultura de colaboración y trabajo conjunto en el sector público. Segundo, establecer espacios de coordinación efectivos, integrando, además, a los actores sociales, privados y los beneficiarios. Tercero, implementar herramientas de monitoreo y evaluación para ir adaptando las intervenciones públicas a las necesidades específicas de la población y aumentar la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. Y cuarto, garantizar la coordinación en todos los niveles del gobierno, desde lo local a lo nacional.

Solo mediante la colaboración interinstitucional, la integración de actores clave y un enfoque flexible y transparente, el sector público podrá maximizar el impacto de sus políticas y mejorar de manera sostenida la calidad de vida de la población.

Publicado en la revista Factor de Éxito

https://colombia.revistafactordeexito.com/a/50793/invertir-en-salud-y-educacion-es-clave-para-una-economia-mas-competitiva-y-productiva