La cesantía otra vez
JEFREY LIZARDO
Con el proyecto de reforma del Código Laboral en discusión en el Congreso, vuelve a colocarse en la agenda pública el debate sobre la eliminación del auxilio de cesantía o la introducción de un tope que, según algunos sectores, permitiría reducir los supuestos obstáculos al desarrollo del sector productivo, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Sin embargo, he sostenido que no existen evidencias empíricas que demuestren que la cesantía constituya la principal barrera para el emprendimiento, la formalización o el crecimiento productivo en el país.
Se suele afirmar que la cesantía provoca la quiebra de empresas, sobre todo de microempresas. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Mipymes del Banco Central (2022-2023) muestra que las principales barreras que enfrentan estas empresas son, en orden de importancia: la situación económica derivada de la pandemia (68%), los altos gastos en servicios y combustibles (54%), la inseguridad pública (48%), los elevados costos de insumos y materias primas (45%) y la falta de crédito (32%). En lo administrativo, los obstáculos identificados fueron: pago de impuestos (21%), servicio eléctrico (16%), procedimientos ante la TSS (9%) e internet (9%). La cesantía no figura entre los factores más determinantes.
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En el ranking de competitividad industrial elaborado por Despradel y Asociados para la AIRD, los costos laborales aparecen entre la posición 6 y 12, por detrás de otros factores como: costos de materias primas, bajo nivel de actividad económica, competencia desleal e importada, carga tributaria, costo y suministro de energía, tipo de cambio y calidad de los recursos humanos.
En la legislación, el auxilio de cesantía se paga sólo cuando el empleador ejerce el desahucio (Art. 80 del Código de Trabajo). Además, con la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el empleador queda liberado de este pago si el trabajador accede a una pensión por vejez, discapacidad o sobrevivencia.
Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (2024), solo el 33% de los trabajadores cesantes estaban sujetos al auxilio de cesantía (24% por despido y 9% por cierre de empresa). La mayoría salió por renuncia (40%) o por razones de salud, familiares, estudios, entre otros (18%).
En ALC, RD está entre los países con menores costos laborales. Un estudio del BID, publicado en 2017 bajo el título Medición del costo del trabajo asalariado en ALC, ubicó al país en la última posición: mientras que el costo laboral promedio de la región equivalía al 39% de la productividad, en nuestro caso representaba un 18%.
El auxilio de cesantía cumple una función clave: suavizar la caída de ingresos de los hogares cuando el principal proveedor pierde su empleo. Fue concebido como sustituto parcial de un seguro de desempleo, inexistente en nuestro sistema de seguridad social. La Ley 87-01 (Art. 50, párr. II) establecía un plazo de 18 meses para que el CNSS creara dicho seguro. Sin embargo, han sido los empleadores quienes se han resistido a financiarlo con cotizaciones adicionales. Paradójicamente, les resulta más beneficioso mantener el auxilio actual, pues solo una tercera parte de los trabajadores accede a él.
Otros países ofrecen modelos alternativos. En Colombia, ejemplo, la cesantía opera como un ahorro obligatorio equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, a cargo del empleador. Estos recursos son administrados por fondos —públicos o privados— de libre elección del trabajador, y pueden destinarse a la compra de vivienda, pago de estudios o suplir ingresos durante el desempleo. Lo esencial es que pertenecen siempre al trabajador, sin importar si su salida ocurre por despido o por renuncia.
La reforma del Código de Trabajo debe orientarse a fortalecer la protección y los derechos de los trabajadores, en consonancia con la Constitución y convenios internacionales. Más que debilitar el auxilio de cesantía, el verdadero reto está en crear mecanismos modernos —seguro de desempleo— que equilibren la competitividad empresarial con la seguridad de los hogares.
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