La seguridad social que queremos: entre logros y tareas pendientes

Publicado en el Periódico Hoy el 14 de mayo de 2025

Han pasado 24 años desde la promulgación de la Ley 87-01 que dio origen al Sistema Dominicano de Seguridad Social, una de las reformas más trascendentales para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho en la República Dominicana.

Los avances son innegables. Hoy, el 97% de la población cuenta con un seguro de salud que garantiza el acceso a un conjunto de prestaciones sin importar edad, sexo o condición socioeconómica. Más de 2 millones 250 mil trabajadores cotizan y están protegidos frente a riesgos laborales, incluyendo pensiones por discapacidad. Las cuentas individuales de los afiliados acumulan más de un billón ciento cincuenta mil millones de pesos, recursos que contribuyen al financiamiento de importantes proyectos públicos y privados. Además, cerca de 50 mil adultos mayores reciben pensiones solidarias.

Sin embargo, los desafíos son numerosos y evidentes. La misma Ley 87-01 preveía una evaluación a los diez años de su implementación, con el fin de introducir mejoras progresivas. Algunas reformas parciales ya se han hecho, como la creación del Idopril en 2019 o el incremento en el financiamiento del Seguro Familiar de Salud y cambios en las comisiones de las AFP en 2020.

A pesar de estos avances, subsisten problemas estructurales que deben abordarse de forma gradual, tal como lo establece uno de los principios fundamentales del sistema. El gasto de bolsillo de los hogares continúa siendo elevado y en aumento, debido a distorsiones en el funcionamiento del Seguro Familiar de Salud. Entre las causas principales están la falta de implementación del modelo de atención primaria como puerta de entrada al sistema, la ausencia de control sobre tarifas y copagos, tanto para los afiliados como para los prestadores, y la falta de integralidad en el catálogo de prestaciones del Plan de Servicios de Salud.

Resolver estas deficiencias no requiere necesariamente una nueva reforma legal, sino mayor voluntad de todos los actores para encontrar soluciones conjuntas adaptadas a nuestra realidad nacional.

En el ámbito de las pensiones, también se perfilan retos significativos. Numerosos estudios advierten que las pensiones resultantes del sistema actual serán muy bajas. Las razones son claras: cotizaciones insuficientes como proporción del salario, bajos niveles salariales en general, y trayectorias laborales inestables, con largas etapas en la informalidad. En el mejor de los casos, un trabajador cotizará por apenas la mitad de su vida laboral. Esto obliga a fortalecer los pilares solidarios del sistema, para garantizar un piso mínimo de pensiones dignas a los adultos mayores. Para lograrlo, se requerirá una mayor inversión pública, financiada probablemente con nuevos ingresos fiscales.

En días recientes, el Senado organizó un simposio sobre la reforma de la seguridad social, liderado por el presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social. Allí, diversos actores del sistema coincidieron en que cualquier reforma significativa implicará mayores aportes, ya sea vía cotizaciones o impuestos.

De ahí la pregunta central: ¿Qué seguridad social queremos como país? ¿Cómo queremos proteger a nuestros adultos mayores, a los trabajadores de bajos ingresos, a las mujeres que no pudieron cotizar lo suficiente por sus responsabilidades de cuidado? ¿Qué nivel de cobertura y calidad en salud estamos dispuestos a garantizar, sobre todo para los más vulnerables?

Estas son preguntas clave que deben guiar el debate. Y si bien muchos coincidimos en las respuestas, debemos asumir que una mejor seguridad social implicará que quienes más tienen, aporten más. Supone más equidad y una mayor redistribución de la riqueza. Solo así podremos construir un país más justo, con mayor cohesión social y sostenibilidad en el tiempo.

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